CESION DEL QUINCE POR CIENTO Y ACTUACIONES DE DOTACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIA DEL PAIS VASCO DIXIT.

05 / 12 / 2019

Han pasado unos días desde que recibido el auto de inadmisión del recurso de casación autonómica interpuesto contra la sentencia a la que luego haré referencia, me he decidido a escribir estas líneas que espero sean de vuestro interés. El título es una copia de la conclusión final de mi compañero y amigo Ignacio Tejerina  al comentario de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se determinaba cual era el planeamiento de aplicación  al artículo 23.3 de la Ley del Suelo de 2007 (actual 37.3 del TRLSR) (1). creo que ambos supuestos tienen rasgos de identidad similares.

 

Hace ya dos años, tuvimos ocasión de comentar en este mismo foro la sentencia dictada por la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del tribunal  en recurso nº302/21 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV 6  , por la que, al menos en apariencia, se fijaba definitivamente el criterio de la Sala respecto de los requisitos que debían concurrir para que fuera exigible la cesión del 15% de edificabilidad en los supuestos de edificación sobre una parcela no adscrita a una actuación integrada. Señalaba entonces la Sala, “superando y matizando las conclusiones alcanzadas en anteriores pronunciamientos” (sic), que para que la cesión de edificabilidad fuera exigible, debían concurrir los siguientes requisitos: (i) que exista una modificación del planeamiento que prevea un incremento de la edificabilidad, y (ii) que esa modificación se haya aprobado inicialmente después del 1 de julio de 2007 (fecha de entrada en vigor de la Ley del Suelo, que reguló por vez primera la figura de las actuaciones de dotación).

Confiados como estábamos en que la referida Sentencia zanjaba la inseguridad jurídica creada por los pronunciamientos contradictorios recaídos con anterioridad, asistimos con auténtica perplejidad al dictado, por la misma Sala y Sección autoras de aquélla, de la Sentencia nº 236/2019, de 8 de mayo, la cual, ignorando por completo el referido precedente –y sin ni siquiera citarlo-, llega a la conclusión netamente opuesta para un supuesto idéntico al que aquél examinaba, sosteniendo la exigibilidad de la cesión de edificabilidad por aplicación de la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 2/2006, es decir, por adquirir automáticamente el suelo objeto de edificación, desde la entrada en vigor de dicho texto legal, la categoría de suelo urbano no consolidado, con los deberes urbanísticos que le son inherentes.

Preparado Recurso de Casación Autonómico frente a esta Sentencia, ha sido dictado Auto de fecha 11 de noviembre de 2019, por el que se inadmite el Recurso, al entender la Sección Especial de la Sala que no existe interés casacional objetivo que demande la formación de Jurisprudencia sobre la materia. Alcanza el Tribunal esta conclusión, bajo un solo argumento: la derogación, por Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/2008 que incorporaba expresamente el requisito de que se hubiera producido una modificación de la ordenación, posterior a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, para que fuera exigible la cesión de edificabilidad.

Ninguna trascendencia adquiere, en opinión de la Sección Especial de la Sala, el hecho de que la referida derogación normativa se produjera a través de una Ley que ya incorporaba en su cuerpo normativo, al modificar la Ley 2/2008, la definición de las “actuaciones de dotación”, careciendo de sentido mantener una disposición transitoria de una norma que ya llevaba en vigor cinco años. Tampoco le han parecido relevantes a la Sección Especial, los numerosos preceptos de la Ley 2/2006, del Decreto 123/2012, de 3 de julio, de Estándares Urbanísticos, de la Ley estatal 2/2008 y del vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de los que se desprende sin ambages el requisito de la modificación de la Ordenación Urbanística que reconozca el incremento de edificabilidad sobre la preexistente, y localice los suelos destinados al cumplimiento de los correspondientes estándares dotacionales, para considerar que se trata de una actuación de dotación.

Se desliga así por la Sala –quizá inconscientemente-, el concepto “suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad” empleado por el Art. 27 de la Ley Vasca 11/2008, del concepto “actuación de dotación” que emplea la Disposición Transitoria 1ª del mismo texto legal y el resto de preceptos, autonómicos y estatales, citados en nuestro escrito de preparación del Recurso de Casación Autonómico, sin que la Sentencia 236/2019, de 8 de mayo, y tampoco el Auto de 11 de noviembre de 2019, arrojen la mínima luz sobre los matices que eventualmente pudieran diferenciar una y otra categoría urbanística.

En cualquier caso, y ciñéndonos a la exigibilidad de la cesión del 15% de edificabilidad en parcelas edificables no adscritas a actuaciones integradas, nos encontramos ante un giro interpretativo de la Sala, al que no nos queda más remedio que resignarnos, al menos, de momento. El TSJPV dixit…

 

 

(1)”ordenación en situación de origen (pasatiempos), publicado en el Foro sobre acción urbanística del País Vasco ORBENISMO”.

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